OPINIÓN PERSONAL
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La
persecución política existe, no me quedan dudas. Lo malo es que los retoños
doble moralistas, dictaminan que esta solo se aplica cuando ellos son las víctimas.
En ese caso, sacan a relucir que son “perseguidos” debido a su ejercicio
destripador de sectas políticas tradicionales, que han acaparado el poder para
humedecer la sed de sus bolsillos acosta del erario. Y como a dichas sectas les
frustra que le arrebaten su régimen facturador, entonces se ensañan a enlodar
desde las gradas a los supuestos redentores.
La
mayoría de veces cacarean ese grandilocuente discurso, creyéndose intocables
solo por ser de izquierda (la única, según ellos, cercanas al pueblo); las
orillas restantes, son oligarcas y saqueadoras.
Lo
más bueno del cuento es que esa excusa también la pregonan desde la derecha
hasta la izquierda. Es tan divertido cuando cada orilla se echa la bolita y, aún
más gracioso, que esa bolita sea nómada, por lo que solo queda estática cuando
las posiciones con nutritivo material argumentativo se impone. Nunca queda en
el centro y, como partido de béisbol, siempre hay un ganador, en ese caso el que
aporte más evidencia. Aquí la ideología se excluye; son puras vainas en
concreto.
Solo
así es que se derriba la trillada excusa de “nos quieren acabar por ser diferentes
a la política tradicional”; egocéntrica y estúpida declamación para penetrar
las mentes incautas mientras se exhiben como fuerza mesiánica acaparadora de
alimañas.
Pasando
a los datos, un nuevo y oscuro evento atraca en el territorio zurdo que dice
portar las banderas del “cambio”: No es ajeno que el gobernador del Magdalena, Carlos
Caicedo, esté involucrado en hechos de corrupción en lo que va de su mandato.
La fiscalía no dudó en imputarle dichos cargos, motivados por irregularidades
en proyectos y contratos. Tan grave es la acusación, que no tuvo derecho a interrogatorio,
pues no hacía falta según el ente, ya que las pruebas lo incriminan; la medida
de aseguramiento era indicada.
Para
el ente acusador, el mandatario y otros dos exgobernadores (Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zuñiga) estarían inmersos en zumosos
sobrecostos de al menos cinco contratos que superan los 457.000 millones de
pesos.
Curioso,
la noticia se conoce una semana después de que el mismo ente de control, precluyera un proceso contra Caicedo, relacionado con
los crímenes de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli en la UniMagdalena, hechos
ocurridos en el año 2000, y donde un fiscal dijo que existían dudas de que este
haya participado en los occisos.
Caicedo
y Rafael Martínez (este último, portavoz del Partido Fuerza Ciudadana)
celebraban la decisión de la fiscalía de cerrar el caso, sin ninguna ofensa
para el ente de control -que ahora si les servía por dejarlos sanos-, mientras recalcaban
que las acusaciones fueron propiciadas por clanes políticos y paracos del Magdalena
hace 20 años. Sin embargo, ahora que la misma entidad (que hace días
enaltecían) encuentra chuecos en la administración del citado protagonista,
entonces ya no les sirve glorificarlo, posteriormente lo tildan de perseguidor,
y vuelven a echarle las andrajosas telas a los terceros (Los Cotes), que si
bien, aunque tienen directa responsabilidad, no exime a Caicedo de participar
en tres eventos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se estima en los 1.680 millones de pesos.
Y
las joyitas emergentes apoyadas por miembros del gobierno actual no quedaban en
el robo del Magdalena: en el centro del país, también había mucho que socavar,
pues ese mismo día, la Fiscalía presentaba argumentos para solicitar medida de aseguramiento domiciliaria contra Alexandra
Agudelo (secretaria de Educación de Medellín) en la audiencia ante
la juez 39 penal municipal.
La
funcionaria del polémico Daniel Quintero, fue imputada hace una semana por los
delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado
en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de
contratos y peculado por apropiación; por presuntas irregularidades en dos
contratos del PAE y Buen Comienzo suscritos con la corporación Colombia Avanza
en 2020.
Según el
periódico EL TIEMPO, los contratos se suscribieron en marzo de 2020 y suman más
de 28.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, las condiciones de uno de los
contratos se ajustaron para que fuera seleccionada Colombia Avanza y en ambos
casos habría sobrecostos que juntos superan los 2.000
millones de pesos. Asimismo, Agudelo es señalada de proponer al
contratista suministrar el PAE, aun cuando no cumplía todos los requisitos;
entre ellos, tener una bodega para disponer los alimentos.
¡Vaya
casualidad! el mismo día se le imputan los mismos cargos (peculado) a dos
funcionarios de las administraciones aliadas del gobierno. Parece que no solo
se ponen de acuerdo al utilizar eufemismos, excusas y el mismo léxico, también
a la hora de manejar recursos públicos. Casualidad también, que
el representante, Miguel Polo Polo, había denunciado hace menos de dos años
irregularidades en estos dos gobiernos; fue de los pocos que pasaron
desapercibido lo que parecía ser una mera especulación.
Hasta
ahora, Quintero, no se ha pronunciado de la no recóndita situación, pues
mientras incriminaban a su subalterna, él cuadraba todo para realizar el
concierto de REBELDE. La verdad, tampoco hacen falta sus declaraciones en el
caso, si bien son tipo: “El Uribismo se empeña en enlodar nuestra excelente
gestión”, como ya lo hemos escuchado otras veces.
Asimismo,
resulta interesante mencionar que, Daniel Rojas, (Director de la SAE), ha
imitado lo propio de esa clase politiquera -de la que tanto dice detestar y
combatir-; sin embargo, sus excusas no son nada distintas a lo que tanto
refuta: Allá, en San Benito Abad (Sucre) al aire soltó lo que según él, su
sanción se debe a que “existe una elite que no le gusta que entreguen tierras”.
Vaya forma de embolsillarse a quienes carecen de raciocinio y, al mismo tiempo,
acusar indirectamente a la procuraduría. Y ni hablar de su tuit con aires de
mesías (…) Lástima que dicha frase compartida era de Salvador Allende: la
basura menos indicada para revindicar un pueblo.
Hay
que anotar que la investigación de la Procuraduría contra Rojas es
por el presunto incumplimiento de la obligación contractual de
transferir las acciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla (Triple A). Estará suspendido de su cargo por tres meses.
Cuando
estalló lo de EMCALI no se armó tanto revuelo como con lo de Abudinen (sin
menos preciar su criticidad y la presencia del funesto Emilio Tapia). La
Alianza Verde de Katerin Miranda quedó como la canción de Shakira y allí murió
el tema. Hoy en día lo de la ex ministra de Duque todavía origina debate al
mejor estilo de Gustavo Bolívar y su tatuada excusa de 70 mil millones perdidos
en el anterior gobierno.
Que la
Procuraduría y la Fiscalía son Uribistas apoyadas por clanes despojadores de
los recursos públicos y grandes terratenientes, bla bla bla (…) Lo cierto es que
en el caso de Quintero los sectores afines ideológicamente han sido opositores
de su gobierno. Nada raro que nadie quiera dar un peso por los
“Independientes”.
Pero
bueno, ellos siempre se autodenominaran como perseguidos por ser “minorías”,
aunque actualmente controlen las ciudades principales y tenga de presidente a
un ex M-19 elegido con 11.3 millones de votos como tanto presumen.

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